La reciente implementación de un protocolo de salud por parte de las autoridades dominicanas, que ha resultado en la detención y deportación de mujeres migrantes en estado de posparto junto a sus recién nacidos hacia Haití, ha encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones de derechos humanos. La principal preocupación radica en las graves consecuencias sanitarias que esta medida podría afectar, tanto para los infantes deportados como para la salud pública en la República Dominicana.
Según las advertencias de expertos en salud pública, los recién nacidos enviados a Haití, al no contar sus padres con un estatus migratorio regular en el país, quedan expuestos a enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la hepatitis B. Estas son dolencias prevenibles mediante la vacunación, un derecho fundamental que se les niega al ser separados del sistema de salud dominicano inmediatamente después de su nacimiento. En el caso de las madres, la falta de cuidado posparto adecuado, crucial para prevenir complicaciones como trastornos hipertensivos e infecciones, también representa un riesgo significativo para su salud y supervivencia, tal como lo indican informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El esquema nacional de vacunación de la República Dominicana establece que a las 72 horas de los nacidos, los bebés deben recibir la vacuna BCG para protegerlos contra la tuberculosis y la vacuna contra la hepatitis B para prevenir la transmisión vertical de madre a hijo. Los más de 48 menores de edad que han sido repatriados junto a 39 mujeres en condición de posparto se ven privados de esta primera e indispensable inmunización. Esta situación se agrava por las precarias condiciones sanitarias existentes en Haití y el control limitado que el gobierno ejerce sobre vastas áreas del territorio, dominadas por bandas armadas, lo que imposibilita el acceso a servicios de salud y vacunación en ese país.
La ventana crítica para la aplicación de estas primeras vacunas es muy breve. Si no se administran dentro de los primeros 15 días de vida, los niños podrían intentar recibirlas a los dos meses, junto con la vacuna pentavalente (que protege contra difteria, tétanos, tosferina, meningitis y hepatitis B) y la vacuna contra el neumococo (que previene neumonía y otitis). Sin embargo, la realidad para estos bebés deportados hace que incluso esta posibilidad sea remota.
Organizaciones que trabajan con la población migrante en República Dominicana, como la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, coordinada por Williams Charpentier, señalan la ineficacia de los operativos migratorios. Se estima que cerca del 85% de las personas repatriadas terminan regresando al país, a menudo a través de peligrosas redes de tráfico de migrantes que, en algunos casos, operan con la complicidad de autoridades militares y policiales. Este retorno plantea un grave riesgo para la salud pública dominicana. Si estas mujeres y niños regresan sin haber recibido las vacunas necesarias, podrían no acudir a los centros de salud por temor a ser nuevamente detenidos, lo que podría desencadenar brotes de enfermedades que la República Dominicana ha logrado mantener bajo control gracias a la efectividad de su programa de vacunación.
El infectólogo y exdirector del Hospital Robert Reid Cabral ha enfatizado la necesidad de que el protocolo de deportación, elaborado conjuntamente por el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración (DGM), incluya una orientación exhaustiva a las madres sobre la importancia crucial de vacunar a sus hijos. «Si no le informamos a la gente y queremos hacer las cosas a la mala, no va resultar», advirtió el galeno, destacando el peligro inminente de brotes de difteria, tosferina o meningitis si no se toman preventivas adecuadas. Explicó que los tiempos establecidos para la vacunación infantil tienen como objetivo «mantener blindados a los niños, protegidos. Y, además, al mismo al país», ya que una alta cobertura de vacunación crea una barrera efectiva contra la introducción y propagación de enfermedades.
La situación en Haití, con una tasa media de mortalidad por difteria del 20,4% desde 2014, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), agrava aún más el riesgo para estos niños deportados. Además, testimonios de migrantes que residen de manera irregular en la República Dominicana, como el de «Onel» (nombre ficticio), revelan que el temor a la detención y deportación impide que incluso aquellos que permanecen en el país acudan a los centros de salud para vacunar a sus hijos, creando un caldo de cultivo para posibles brotes.
La historia reciente de la República Dominicana sirve también como advertencia. En abril de 2021, el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por la detección de casos de difteria, con al menos ocho fallecimientos. Ese año se reportaron 41 casos probables, de los cuales 20 fueron confirmados. Este brote se atribuyó al debilitamiento de los programas de vacunación debido a la concentración de esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 y al miedo de las familias a acudir a los centros de salud.
La OPS ha documentado en Haití, entre 2014 y 2023, un total de 1.750 casos sospechosos de difteria, con 470 casos confirmados y 96 muertes. Un dato alarmante es que el 43.4% de los niños haitianos menores de un año que desarrollaron difteria no estaban vacunados al momento del diagnóstico, y se desconocía el estado de vacunación del 51.1% restante.
Los riesgos para la salud en estas repatriaciones no se limitan a los lactantes. Sus madres también enfrentan peligros significativos durante el período posparto. La ginecóloga y obstetra Lilliam Fondeur explica que condiciones como la eclampsia, la hipertensión y las hemorragias posparto son causas importantes de mortalidad materna. La expulsión de pacientes con presión arterial elevada o el desarrollo de complicaciones incluso una semana después del parto incrementa el riesgo de desenlaces fatales. Además, las condiciones de transporte y alojamiento de los migrantes detenidos, a menudo en vehículos insalubres y sin la higiene adecuada, aumentan el riesgo de infecciones. El estrés emocional del parto, sumado a la angustia y el miedo a la deportación, también puede desencadenar o agravar la depresión posparto, afectando la salud mental de estas mujeres.
La doctora Fondeur también advierte sobre el posible subregistro de muertes materno-infantiles si estas mujeres fallecen fuera de los hospitales, especialmente si enfrentan dificultades para obtener la documentación necesaria para el entierro. La campaña «Cero Muertes Maternas» de la OPS subraya la importancia de garantizar cuidados maternos de calidad, incluso en situaciones de emergencia o crisis migratorias, un principio que parece estar siendo ignorado en la actual política de deportaciones. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos observan con creciente preocupación las posibles consecuencias de esta medida en la salud y la vida de una población vulnerable.